Se acabó la gallina de los huevos de oro. Las colas de los sindicatos y de las oficinas del INEM aumentan día a día y es que la crisis del sector de la construcción ha sido arrolladora para los trabajadores que de ella dependían.
En tan sólo tres meses, el 60% de empleados de este sector se han ido a la calle, según datos de Comisiones Obreras (CC. OO.). La mayoría acuden a sus sindicatos para recibir un asesoramiento por el fin de obras. Y es que entre las que se han dejado a medias y las que han esperado para acabar sus actuaciones y efectuar estos despidos, es mucho personal el que se ha quedado en paro proveniente de dicho sector. El problema no sólo afecta a las empresas locales y por tanto a sus operarios, sino también a aquellos trabajadores cuya ocupación dependía de obras ejecutadas en toda la Comunitat.
Así pues, los cerca de 200 despidos producidos en Marina d’Or han tocado de pleno a la ciudadanía saguntina. Del mismo modo las obras en la ciudad de Valencia han tenido sus consecuencias en los vecinos del municipio.
Y es que la actividad en construcción ha descendido hasta un 90% en la capital del Camp de Morvedre. De esta forma se pueden observar obras paradas en la zona y aquellas que no se pueden iniciar por falta de presupuesto. Una situación que ya ha llegado a convertirse en una preocupación total. Incluso las pequeñas reformas que hasta el momento salvaban el sector están cayendo “en picado”, tal y como informan los asesores de CC. OO.
Expediente de regulación
En este sentido, la empresa Pahorval dedicada a la construcción en la localidad de Algímia d’Alfara ha efectuado un expediente de regulación de empleo que afecta a 34 personas, aunque ya había hecho previamente uno por fin de obras.
Por otra parte, Hormol, empresa que se dedica a la prefabricación de piezas de hormigón decorativas, ha realizado un expediente de suspensión. Esto quiere decir que los trabajadores acudirán a su puesto de trabajo por turnos. La empresa les mantiene en la seguridad social, pero no cobrarán el 100%.
Esta situación se mantendrá durante ocho meses. Pasado este plazo, la entidad deberá valorar si finalmente ha habido una reflotación por parte de la empresa y, por tanto, la posibilidad de volver a una actividad normal o tienen que concluir con un paro indefinido, lo cual significaría una situación de riesgo para todos los trabajadores.
La onda expansiva también le ha llegado a Lafarge Cementos que ha reducido su actividad en los últimos meses por su dependencia con la actividad de la construcción. Así pues, la situación ha llevado a la entidad a disminuir los contratos. Al tiempo, las subcontratas que dependen de la firma han tenido que despedir empleados. “Se da la paradoja de que las suspensiones no afectan a grupos superiores de diez personas, por tanto, no se puede contabilizar como despido masivo, pese a que juntándolos todos es un alto número el que se ha quedado sin trabajo”, explican los asesores de CC. OO.
Por su parte, la empresa garantiza el empleo a sus trabajadores de plantilla y desmiente que se haya efectuado ninguna prejubilación.
El mayor impacto se ha tenido en las pequeñas empresas cuyos costes han superado las estadísticas y han tenido que ir cerrando, dejando en paro a todos sus miembros. Lo preocupante es que este problema está trascendiendo del sector del ladrillo a la siderurgia.
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