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UGT insta a los empresarios a un mayor compromiso contra el acoso laboral, que afecta al 6% de trabajadores

Enero 30, 2009 · Dejar un comentario

El secretario de Salud Laboral de UGT en Cantabria, José Luis Hernando, reclamó hoy a los empresarios “un mayor compromiso contra el acoso laboral porque no es comprensible que en España nos quejemos de bajos índices de competitividad cuando se consiente un mal ambiente de trabajo y un 28% de los trabajadores manifiestan sentirse acosados, aunque sólo se demuestre en un 6% de ellos”.

Hernando, que inauguró hoy la jornada técnica del sindicato ‘Presión laboral tendenciosa. Estrategias de actuación en situaciones de acoso’, subrayó que “no estamos ante un problema nuevo pero sí ante una dimensión nueva porque no conocemos aún los límites del acoso en el trabajo, no es sencillo detectarlo y tenemos la necesidad de saber exactamente a qué nos enfrentamos”.

El sindicalista recalcó “la importancia de que seamos capaces de centrar el debate sobre el acoso laboral, no como un problema personal entre un solo trabajador acosado y un acosador, sino como un problema de ámbito general en la organización de las relaciones laborales de una empresa”.

En el mismo sentido se manifestó en el acto de clausura de la jornada técnica la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, para quien “el excesivo individualismo en las relaciones laborales nos lleva a pensar que se trata de un problema entre dos personas, el acosado y el acosador, cuando en realidad es un problema colectivo del centro de trabajo y de cómo son sus relaciones laborales”.

En el encuentro técnico organizado por UGT se difundieron los resultados y conclusiones de un estudio sobre el acoso laboral encargado por el sindicato a expertos, juristas y docentes de distintas universidades españolas.

Las tres ponencias de la jornada técnica organizada por el Gabinete de Salud Laboral de UGT en Cantabria fueron impartidas por tres de los coautores del estudio: Enrique Carbonell, doctor en Psicología de la Universidad de Valencia; Miguel Ángel Gimeno, profesor en Psicología Social de la Universidad Jaime I de Castellón y técnico en prevención de riesgos laborales de UGT;  y la abogada Ana María Mejías, integrante de la asesoría jurídica de UGT en la Comunidad Valenciana.

MÁS DE 3.700 MILLONES DE EUROS EN BAJAS POR ACOSO

Según precisó Miguel Ángel Gimeno, “el acoso laboral nos cuesta cada año en España 3.750 millones de euros sólo en bajas por incapacidad temporal, esto es 500 millones de euros por cada 100.000 trabajadores”, por lo que, según él, “es un problema de gran importancia sobre el que tenemos que trabajar”.

Gimeno destacó el elevado número de trabajadores que sufren acoso laboral en España, más de 750.000 según las últimas estadísticas oficiales, y reiteró que “en gran medida una de las causas de que la competitividad en este país sea sólo de un 60% es porque los empresarios no entran a atajar el acoso”.

El profesor de Psicología Social de la Universidad Jaime I de Castellón criticó que “sólo un 10% de las empresas españolas cuentan con una evaluación de riesgos psicosociales, donde se incluye el acoso”, por lo que reclamó “la puesta en marcha lo antes posible de la figura del delegado de prevención territorial porque conseguiríamos extender la prevención a más empresas y reducir los casos de acoso”.

El ponente explicó que hay muy pocos procesos judiciales y sentencias sobre casos de acoso en los juzgados nacionales porque “el trabajador opta casi siempre por abandonar la empresa y aceptar la indemnización correspondiente”.

Por ello, Gimeno recalcó la importancia de extender el concepto de la presión laboral tendenciosa para aumentar la acción de la justicia contra los acosadores “porque si no se demuestra la tendenciosidad, la mala fe, la aportación de los jueces a la solución del problema es mucho más limitada”.

“ACOSO CADA VEZ MÁS SIBILINO Y MENOS DESCARADO”

Por su parte, el doctor en Psicología Social de la Universidad de Valencia, Enrique Carbonell, indicó en su ponencia que “hoy en día, el acoso laboral es cada vez más sibilino, no es tan descarado como antes porque el acosador ya no recurre a ataques directos a la raza, las creencias o a la orientación sexual, sino más bien a deteriorar las condiciones de trabajo de la víctima hasta convertirlas en insoportables, lo que es mucho más difícil de demostrar en un juicio”.

Para Carbonell, “el acoso laboral está muy mal estudiado hoy en día porque ha cambiado mucho y todavía estamos anclados en las 45 maniobras de actuación contra él que inventó el profesor nórdico Leymann hace ya muchos años”.

La última ponente de la jornada sobre la presión laboral tendenciosa de UGT fue la abogada Ana María Mejías, letrada de la asesoría jurídica del sindicato en Valencia, donde recientemente se ha dictado una sentencia judicial favorable a una trabajadora que denunció acoso sexual, a quien su empresa tendrá que indemnizar con más de 91.000 euros, la mayor cuantía conocida en un caso judicial por acoso en España.

Mejías recordó la reivindicación de UGT de incluir en la negociación colectiva protocolos de actuación contra el acoso laboral en las empresas y coincidió con otros ponentes en el escaso número de procesos y sentencias judiciales por demandas por acoso.

Según la abogada, en los últimos cuatro años, la agencia internacional Westlaw cifra en 54 las sentencias judiciales desfavorables a denuncias por acoso en el trabajo, de las que sólo un 16% han tenido opción de recurso estimado por los tribunales.

Publicado en Europa Press

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La plantilla de ´Martínez Souto´ amenaza con movilizaciones por el despido de trabajadores

Octubre 21, 2008 · Dejar un comentario

Los treinta y tres empleados de la empresa de transportes denuncian que se prescindió de tres conductores «arbitrariamente y por represalias»

La plantilla de los 33 trabajadores de la empresa de transportes “Martínez Souto, S.L.” amenaza con movilizaciones ante lo que consideran desde el sindicato CC. OO., mayoritario en la empresa, como «despidos arbitrarios, tendentes a disminuir la plantilla» preguntándose «si por falta de trabajo efectivo o por represalias» hacia determinados empleados con cierto grado de defender sus derechos y exigir a la empresa que respete el Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por carretera de la provincia. Por lo pronto, ayer tarde-noche, los empleados de esta empresa implantada en el Centro de Transportes benaventano y con sede social en Mos (Pontevedra) celebraban una reunión para la convocatoria de movilizaciones a la que le sigue la prevista para el lunes a celebrar con la patronal y convocada a través del SERLA.
Los trabajadores denuncian que en enero de este año se despidió a un candidato a delegado del personal, fechas antes de comenzar el proceso electoral, en esta empresa que «nunca había tenido representantes de los trabajadores» precisó ayer el actual delegado sindical, Jesús Rodríguez Carrión, quien fuera elegido por el 80 por ciento de los votos. Los despidos se sucedieron hace un mes y medio con otro trabajador también conductor como el anterior y con exigencias de exigir el cumplimiento del convenio colectivo, ayer fue despedido también otro conductor y con las mismas características que los anteriores, aseguran desde el sindicato. El propio delegado sindical denuncia estar en situación de incapacidad temporal, debido al «acoso laboral a que le somete la empresa a través del delegado de la empresa en Benavente», a la par de encontrarse en baja laboral «por acoso», reconocida por la Mutua y denunciado en la Inspección de Trabajo, precisaron ayer desde la secretaría general de Comunicación y Transporte de CC.OO. en Zamora. Los trabajadores de esta firma demandan tanto el cumplimiento del convenio colectivo como el abono correspondiente «por el manejo de mercancías peligrosas que se realiza habitualmente» en la empresa, denunció ayer ante este diario el delegado sindical en esta empresa dedicada al transporte de mercancías, almacén, reparto y clasificación.

Publicado en La Opinion de Zamora

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Ponteareas carga su bancarrota sobre los salarios del personal

Octubre 21, 2008 · Dejar un comentario

El gobierno de PP y UC Paradanta se duplicó el sueldo

El Ayuntamiento de Ponteareas está en quiebra técnica: tiene un presupuesto de 12 millones de euros y una deuda de 16 (más la no contabilizada). Es la herencia de un alcalde legendario, Pepe Castro, que gobernó el municipio entre 1968 y 2000, en que la Justicia lo echó de la poltrona por prevaricación continuada, después de que colocase a 21 militantes del PP en el Ayuntamiento, que ya rebosaba con más de 400 enchufados como personal laboral. Hoy el Ayuntamiento alimenta a 250 empleados laborales y 47 funcionarios. Consumen entre el 66% y el 70% del presupuesto y el Gobierno local ha decidido congelar sueldos para ayudarse en la emergencia financiera. Lo hacen los mismos que se incrementaron sus propios salarios un 100% en los dos últimos años, hasta llegar a los 72.000 euros anuales de Nava Castro, la hija de Pepe, que también es diputada, o los 55.000 del alcalde, Salvador González Solla, un contratado ilegal en excedencia. La mayoría del personal tiene un sueldo base de 575 euros al mes.

La emergencia está marcada por la necesidad de 600.000 euros que el Ayuntamiento quiere obtener en un crédito cuya solicitud precisa autorización de la Xunta, que pone condiciones. El pleno aprobó hace unos días el plan de saneamiento, que a su vez conlleva la elaboración de una relación de puestos de trabajo (RPT), y aquí se hace el nudo. El administrativo que firmó el informe de presentación del plan, con la interventora y secretaria municipales de vacaciones, hace notar su incompetencia para el asunto, pero en el departamento no hay técnicos con la solvencia profesional requerida.

El responsable de Cultura fue contratado como chófer del bibliobús y luego fue bombero. Es yerno de un concejal inhabilitado que con su suegro, gestiona una empresa de espectáculos, Giráldez, que sistemáticamente contrata las orquestas en las fiestas. El coordinador de educación tiene contrato de “auxiliar-guía” y no puede firmar memorias ya que su única cualificación remite a que es secretario de organización de Unión Condado Paradanta, el partido de los Castro. Es habitual que los directores de área en Ponteareas carezcan de titulación para desempeñar ese puesto y tengan subordinados de capacitación académica superior.

Tratando de poner orden, el Gobierno local contrató la RPT a una consultora que al cabo resultó ser una tapadera de Mari Carmen Abeledo, hija del anterior presidente de la Diputación Provincial. Cobró 30.000 euros y su propuesta no contentó a nadie, por lo que hubo que contratar el mismo servicio a otra empresa. Los empleados, mientras, invadían el pleno municipal para exigir mejoras salariales.

El salario base de los 250 contratados es de 575 euros mensuales. Casi todas las nóminas añaden pluses y complementos poco justificados, aunque imprescindibles para que peones, limpiadoras y otros empleos de base acaben cobrando por todos los conceptos unos 725 euros mensuales. Otros, como el citado responsable de Cultura, llegan a 1.400 con complementos como el de “desgaste de vehículo” (250 euros, por utilizar su coche para viajar unos 500 metros, entre el parque de bomberos y el ayuntamiento) o el de “especial de dirección” (270 euros, pese a que sólo tiene a una persona a su cargo).

Una alcaldía hereditaria

Pepe Castro quería que su hijo Juan José le sucediera . Para prepararlo, le nombró responsable de los servicios que sobredimensionaron la plantilla y que ahora se privatizarán. Juan José no pudo sucederle porque fue inhabilitado, como el resto de la Junta de Gobierno, por prevaricación al contratar a 21 militantes del PP, de los que 16 siguen en sus puestos pese a las requisitorias judiciales que piden amortizar las plazas.

Al alcalde, Salvador González Solla, un contratado ilegal que añade ahora el desacato al juez, le sucederá en seis meses Nava, hija de Pepe Castro, diputada popular en Madrid. PP y UCPA nunca han dejado de gobernar ni de hacer contrataciones sin cobertura legal. Ahora tendrán que negociar la nueva RTP con los mismos sindicalistas que han pasado más de un año de baja por acoso laboral.

Publicado en El Pais

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